Por Stakeholders
Lectura de:
En el marco del Día Mundial del Agua, expertos advierten sobre la disminución de los caudales y la necesidad de fortalecer la infraestructura hídrica en Chile. Aunque el país ha avanzado en proyectos de desalación, megaestanques y gobernanza territorial del agua, aún se requiere una institucionalidad robusta para garantizar la seguridad hídrica a largo plazo.
Diagnóstico de la crisis hídrica
El Primer Tour de Estudio sobre Infraestructuras Hídricas Resilientes, organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en noviembre de 2024, evidenció que diversas comunidades en la región carecen de acceso adecuado al agua potable, saneamiento y suministro eléctrico. Esta situación dificulta el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, 7 y 3 de la ONU, enfocados en agua limpia, energía renovable y bienestar.
Chile es reconocido como uno de los países mejor evaluados en gestión hídrica en la región. Sin embargo, según Ulrike Broschek, subgerenta de Sostenibilidad de Fundación Chile (FCh), también es «el cuarto país más vulnerable en el mundo y el único en América Latina con una severa escasez hídrica proyectada para los próximos años«. La crisis ha reducido drásticamente la disponibilidad de agua, con una disminución proyectada de hasta un 50% en los caudales de ríos y embalses hacia mediados de siglo.
Infraestructura hídrica resiliente
La infraestructura hídrica resiliente es clave para mitigar la sequía y garantizar el acceso al agua. Según Marco Alcina, académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián (USS), «enfrentar la escasez hídrica requiere inversiones en infraestructura hídrica y modernización de la legislación vigente».
Un ejemplo destacado son los megaestanques de Aguas Andinas en Pirque, los cuales almacenan agua suficiente para abastecer Santiago durante 37 horas en caso de interrupciones en la captación de los ríos Maipo y Mapocho. Asimismo, la Junta de Vigilancia del río Maipo gestiona el 42% del agua potable del país, beneficiando a más de 9.000 usuarios, entre ellos pequeños agricultores.
Colaboración público-privada
Más allá de la infraestructura, la cooperación entre sectores públicos y privados es fundamental. Broschek enfatiza que «una política nacional de recursos hídricos con metas claras podría facilitar acuerdos y compromisos entre los diferentes actores«.
El Certificado Azul es un mecanismo que reconoce a las empresas que miden, gestionan y mitigan su huella hídrica. Esta iniciativa público-privada, operada por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, permite a las empresas optimizar su uso del agua y contribuir a su conservación.
Por su parte, José Sáez, de Aguas Andinas, señala que «las políticas públicas y la regulación del agua son esenciales para garantizar un servicio eficiente y sostenible. Es importante que existan certezas regulatorias y de inversión para anticiparse a eventos climáticos extremos«.
La desalinización como solución
La desalinización se perfila como una alternativa viable para enfrentar la crisis hídrica. «Chile tiene más de 6.000 kilómetros de costa, lo que permite aprovechar el agua de mar mediante tecnologías como la ósmosis inversa«, explica Alcina.
Alberto Kresse, presidente de la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades), advierte que en los próximos 30 a 40 años la disponibilidad hídrica en el norte y centro del país podría reducirse hasta en un 50%. «La desalación permite desvincular el suministro de agua de las precipitaciones, asegurando acceso sostenible para el consumo humano, la industria, la minería y la agricultura«, sostiene.
Para que esta tecnología tenga un impacto efectivo, es necesario desarrollar infraestructura de conducción, almacenamiento y distribución eficiente, que permita llevar agua desalada a zonas interiores y reducir la presión sobre acuíferos y fuentes continentales.
Hacia una gestión integral del agua
A pesar de los avances, Broschek señala que «el gran problema persiste en la falta de una institucionalidad hídrica con una mirada transversal y sistémica«. La experta subraya la necesidad de una autoridad nacional coordinadora y descentralizada en organismos de cuenca, capaz de liderar la implementación de políticas públicas con compromisos concretos para resolver los problemas hídricos en las distintas regiones del país.
Chile se encuentra en una encrucijada crítica en su gestión del agua. La implementación de infraestructura resiliente, la colaboración público-privada y el fortalecimiento de la institucionalidad son pasos clave para asegurar el acceso equitativo y sostenible a este recurso esencial para el desarrollo del país.
